Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible
de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las
libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la
cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios,
profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme
oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de
inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial.
Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo
establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un
órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de
Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a
cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español,
perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra
economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a
la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural.
Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado
extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo,
que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales
tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho
a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y
actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con
cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a
este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio
se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es
posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro
modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles
y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones
tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin
interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden
perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber
humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España,
ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el
desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de
propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el
conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las
entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben
aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado
previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que
se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales
en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
